En pleno siglo XXI, en el marco de la globalización y la sociedad del riesgo, la observación de los niveles de seguridad ciudadana implica ir más allá de los sistemas tradicionales, válidos aunque limitados, a los que se viene recurriendo en muchos países.

No cabe duda de que las circunstancias y características de la seguridad, los nuevos riesgos y las amenazas de las sociedades modernas hacen que las actividades destinadas a medir, evaluar, diagnosticar y observar, ocupen una posición de primer orden.

Canarias, que cuenta con sistemas de seguridad y emergencias modernos y desarrollados, no está al margen de participar en este gran reto, de proporcionar una imagen más nítida y un diagnóstico más aproximado de la realidad de la seguridad pública del Archipiélago, incorporando herramientas e indicadores que contribuyan a esta tarea. Hacia este camino avanza el Gobierno de Canarias, con la Academia Canaria de Seguridad, que ha puesto en marcha el Observatorio de la Seguridad Humana y el Riesgo, pionero en Europa por su perspectiva integral.

De acuerdo con los últimos paradigmas esbozados por la ONU, la seguridad humana ha de ser entendida como la seguridad integral de la persona frente a cualquier riesgo o peligro que suponga una amenaza a sus derechos y libertades.

Conforme a este nuevo paradigma, la sociedad demanda de la administración pública la protección frente a cualquier riesgo, ya sea nuevo o antiguo.

La principal característica de un sistema integral es que el ciudadano es el centro de la seguridad y los gobiernos son instrumentos a través de los cuales se concretan las soluciones centradas en el ciudadano, con una seguridad que sea preventiva, sostenible e integral. Desde esta perspectiva integral, las mediciones sobre la seguridad que se han venido realizando, procedentes de la policía y las fuentes judiciales, centradas en los actores del hecho delictivo y en las tipologías criminales, han de complementarse con el conocimiento de la víctima, su situación de vulnerabilidad y los factores de riesgo que presuponen las condiciones contextuales del delito, que hasta ahora han recibido escasa atención.

Es por eso que, en aras a desarrollar mejores indicadores de seguridad preventiva, es recomendable avanzar también en instrumentos de exploración y análisis de la victimización y las situaciones de riesgo que facilitan la actividad criminal.

En España las estadísticas de criminalidad miden fundamentalmente las actividades que conocen los cuerpos policiales, que, junto con los datos procedentes de las fuentes judiciales y penitenciarias, se encuadran bajo el nombre genérico de estadísticas oficiales. El principal inconveniente de estos indicadores oficiales es que dejan de lado el conjunto de delitos no descubiertos o que no llegan a conocimiento de las autoridades del sistema judicial penal.

Para resolver este escollo, se vienen desarrollando las denominadas encuestas de seguridad y victimización, dirigidas a la ciudadanía y que conforman un complemento lógico de los registros estadísticos de los cuerpos policiales. En estas encuestas se trata, básicamente, de entrevistar a una muestra representativa de la población sobre sus experiencias de victimización y sus opiniones en materia de seguridad y policía, ya que las técnicas de la encuesta permiten inferir, con un margen de error conocido, los valores correspondientes para el conjunto de la población. Estas encuestas, donde se recogen las vivencias, sentimientos y opiniones de la ciudadanía, proporcionan unos datos que no están condicionados por los filtros y las inercias del sistema penal.

Las encuestas de victimización y seguridad se han convertido pues, en los últimos años, en un instrumento fiable y de calidad para medir y dibujar la realidad de la seguridad, por su singular capacidad para descubrir buena parte de la cifra negra o esos delitos no descubiertos por las fuentes oficiales.

Para contribuir a diseñar ese mapa de la realidad que mida el volumen, las características de la delincuencia y la percepción de la seguridad y el miedo que la delincuencia produce en la población, la Academia Canaria de Seguridad impulsa y presta atención al conocimiento y puesta en marcha de nuevos elementos que nos permitan medir, de una manera más completa, el nivel de seguridad o inseguridad de la ciudadanía, puesto que un adecuado diagnóstico del problema otorga mayores garantías en la elección de estrategias de afrontamiento.