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Siguiendo con la voluntad imperante en la Dirección General de Disciplina Urbanística y
Medioambiental tendente a frenar el creciente aumento de agresiones al medio ambiente en
general e intentar ordenar el caótico desarrollo urbanístico de los distintos municipios
canarios, en lo que respecta a su vertiente sancionadora se han incoado un total 1990
expedientes durante el ano 1993, que aparecen desglosados por islas y por preceptos
legales infringidos en la tabla.
En cuanto a las infracciones urbanísticas, cabe resaltar que la mayor parte de las mismas se
refieren a construcciones ilegales en suelo rústico, por incumplimiento de los preceptos
establecidos en los Planes Generales o Normas Subsidiarias de los distintos municipios, al
existir, en gran parte de la ciudadanía, el convencimiento de que la propiedad del suelo
lleva inherente su uso tanto edificatorio como de cualquier otra índole, sin necesidad de
ajustarse a lo establecido en los planeamientos municipales, así como de la obligatoriedad de
dotarse de las correspondientes autorizaciones.
En lo que respecta a la Ley de Costas, la mayor parte de las infracciones son por
construcciones ilegales al invadir la zona de servidumbre de protección sin las preceptivas
licencias, aunque una parte importante de las mismas vienen motivadas por vertidos
incontrolados tanto al mar como a su ribera.
Las infracciones medioambientales son las que presentan una mayor variabilidad de casos,
sin embargo el grueso de las mismas se centran sobre actuaciones no compatibles dentro de
los Espacios Naturales Protegidos como construcciones de pistas, aterrazamientos, talas de
masas de vegetación, construcciones de casas, extracciones de áridos, etc., al carecer de
las autorizaciones pertinentes. Abundan también las infracciones sobre la flora y fauna
silvestre sobre todo la captura de aves de todo tipo como pardelas, canarios, jilgueros y
otros y el arranque de plantas protegidas con fines comerciales especialmente para su venta
en floristerías. Sin olvidar las denuncias que se realizan por vertidos de residuos tóxicos
y peligrosos, destacando sobre todo las referidas a los aceites usados.
En cualquier caso esta Dirección General además de la incoacción y tramitación de los
distintos expedientes hasta llegar a la imposición de la sanción correspondiente, ordena
también la suspensión de actuaciones, paralización de obras y precintado de las mismas
cuando así se estime necesario. |
Comunidad autónoma de Canarias. Número de expedientes incoados en 1993
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