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La consecución de un pacto de desarrollo sostenible que implique a todas las administraciones y a las empresas para compatibilizar el crecimiento económico de Canarias y la conservación del entorno es uno de los objetivos que se ha marcado el Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Tomás Van de Walle. El Departamento que dirige el Consejero ha iniciado ya los trabajos de elaboración del Libro Blanco del Medio Ambiente que marcará la planificación y en el cual se debe implicar toda la sociedad canaria. Se trata de un nuevo modelo de desarrollo económico para las islas, un territorio sensible.
Su llegada a la Consejería coincide con la redacción del Libro Blanco que marcará las líneas futuras de actuación. ¿Podría adelantamos algunas de esas líneas?
Pretendemos impulsar el debate público en tomo a las políticas de Medio Ambiente en Canarias y a partir de ahí revisar lo que se ha hecho hasta ahora, detectar los principales problemas para abordar las soluciones. Del Libro Blanco saldrán las políticas del futuro, entre ellas las referentes al tratamiento de los residuos, la política relacionada con el medio ambiente urbano y la conservación de los espacios protegidos y Parques Nacionales. Canarias se encuentra en una permanente crisis ambiental porque su desarrollo económico es cada vez mayor. Eso es lo que hay que detectar, exponerlo a la luz pública y plantear propuestas claras porque creemos que es posible compatibilizar el desarrollo económico y la protección de nuestro entorno natural. La premisa clave que queremos trasladar a la sociedad canaria es que el desarrollo debe estar sometido a un criterio de sostenibilidad porque es la garantía de nuestro futuro. El desarrollo sostenible es, hoy por hoy, desde la Cumbre de Río celebrada en 1992, un paradigma político universal.
¿Cree usted que es posible compatibilizar el desarrollo con la protección del territorio?
Contamos, en primer lugar, con dos instrumentos fundamentales para garantizar que el criterio de sostenibilidad se introduzca en el desarrollo no sólo urbano, sino también turístico. Me refiero a la Ley de Ordenación del Territorio y a la COTMAC, la Con-úsión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Además, los ordenamientos municipales no son planeamientos estrictamente urbanísticos sino que ya incluyen aspectos territoriales y ambientales, y se convierten en mecanismos de control del desarrollo sostenible. También son muy importantes los Planes Insulares de Ordenación del Territorio, instrumentos esenciales de control del desarrollo turístico en las Islas Canarias.
¿Hasta qué punto se puede ser tolerante con quienes deterioran el medio ambiente?
El principio claro es que quien contamina paga. Pero no se trata sólo de sancionar, sino de mentalizar. En este sentido, las prácticas empresariales tienen incidencia directa en el medio ambiente por lo que hemos iniciado una serie de pasos para establecer acuerdos de autoregulación para que las empresas tengan en cuenta unas buenas prácticas ambientales. El ejemplo más reciente es el acuerdo al que hemos llegado con las navieras para preservar el hábitat de los cetáceos. Vamos a ser estrictos con los que contaminan pero sin olvidar que hay sectores empresariales que no han tenido alternativas. Eso ha ocurrido en el Polígono de Güímar, donde hemos establecido un acuerdo para que estas empresas apliquen pretratamientos y el Consejo Insular de Aguas instalará una depuradora final. En el Polígono del Goro tienen un problema parecido y estamos estableciendo la misma técnica.
¿Cuáles van a ser las políticas que tienen previsto desarrollar para abordar el tema de los residuos?
Se han puesto en marcha los denominados Puntos Limpios y se han iniciado los grandes complejos ambientales en cada una de las islas. La previsión es que, a partir de enero del año 2001, se produzca una recogida selectiva en todos los municipios canarios. De momento, contamos con un presupuesto de 3.516 millones de pesetas para el año 2000 procedentes de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea, para destinarlo a la construcción de complejos ambientales.
¿Cuáles son las competencias de la nueva Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural?
La Agencia integra a representantes del Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos. Sus competencias se centran en el control y sanción de las infracciones de tipo urbanístico-ambiental, y se pretende que tenga, sobre todo, una función preventiva. El Gobierno la dotará inicialmente de fondos económicos y medios materiales y humanos, y ejercerá las competencias en disciplina ambiental en nombre de las instituciones locales. Pretendemos que la Agencia tenga una organización moderna y efectiva para hacer frente a los problemas ambientales que genera nuestro desarrollo económico.
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