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¿Cuántos planes de espacios protegidos están aprobados en el Archipiélago?
En estos momentos, están aprobados y en vigor el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Rural de Anaga, el PRUG del Parque Rural de Teno, el PRUG del Parque Natural del Islote de Lobos, el Plan Director (PD) de la Reserva Natural Especial de Chinyero, el PD de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, el PD de la Reserva Natural del Malpaís en Güímar, el PD de la Reserva Natural de Puntallana, el PD de la Reserva de Los Marteles, el Plan Especial del Paisaje Protegido de Las Lagunetas, el Plan Especial del Paisaje Protegido de Tafira, el Plan Especial del Paisaje Protegido de la Rambla de Castro, el Plan Especial del Paisaje Protegido de Timijiraque, el Plan Especial del Paisaje Protegido de Ventejís, el Plan Especial del Paisaje Protegido del El Tablado, las Normas de Conservación del Monumento Natural de Tindaya y el Plan Director de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.
¿Existe algún desequilibrio entre Tenerife y Gran Canaria?
En ningún momento se puede hablar de desequilibrio en la aprobación de los planes de los espacios naturales isleños porque son espacios insulares de una importancia que trasciende el ámbito insular, al poder ser apreciados y visitados por nuestros ciudadanos y por los turistas que llegan cada año a Canarias. El que hasta ahora hayamos aprobado más planes de protección de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que en la provincia de Las Palmas se debe únicamente a que cuando accedimos a esta Consejería, el mes de julio del pasado año, nos encontramos con que los trabajos en este sentido más avanzados se situaban en la provincia tinerfeña, pero nuestro empeño está en agilizar la aprobación de todos los planes por igual, sin dar lugar en ningún caso a retrasos o demoras porque dichos espacios se encuentren situados en una u otra provincia del Archipiélago. Nuestro objetivo, sin hacer distinciones de ningún tipo, es que los 145 planes puedan estar aprobados como máximo antes de finalizar la presente legislatura autonómica, y como mínimo a finales del próximo año.
Parece que usted coincide con el nuevo ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, en la necesidad de redefinir una nueva política de costas. ¿Cuáles son los problemas que presenta la actual política de costas? ¿en qué línea deberá desarrollarse esta nueva política?
El ministro y yo hemos coincidido en la necesidad de reorientar la política de costas en nuestro país, pero este objetivo nos llevará mucho tiempo en su análisis y debate porque son muchas las partes implicadas. En todo caso, lo que le planteé al ministro es que la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias aspira a ver una nueva política de costas para concretar la ubicación de los puertos deportivos en las Islas como un paso adelante. Encargaremos un plan especial de ordenación territorial de los posibles puertos deportivos a instalar en Canarias que esperamos poder llevar al Parlamento como ley autonómica en el otoño de 2000.
El Gobierno balear ha anunciado que empezará a aplicar la ecotasa en el 2001. Sin embargo, parece que Canarias no seguirá su ejemplo porque nuestra Comunidad se inclina más por gravar determinadas actividades turísticas. ¿Qué criterio mantiene a este respecto su Consejería?
La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias prepara en estos momentos un borrador de la futura Ley de Protección de la Biodiversidad, en la cual se estudiará y analizará la posible creación de diversas tasas de carácter ambiental que tienen una finalidad, principalmente de concienciación ecológica, pero que no reviste ningún potencial recaudatorio. Por tanto, no se trata de gravar a los turistas, sino a posibles usuarios de actividades reguladas por nuestras leyes ambientales.
¿Cuál es el principal objetivo del Plan Integral de Residuos de Canarias?
El Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN) 2000-2006 pretende que nuestra Comunidad Autónoma pueda llegar al 2006 reciclando el 70 por ciento de sus residuos, frente a la actual media del 25 por ciento, que es inferior a la media estatal. El PIRCAN persigue dotar a todas las Islas del Archipiélago de las infraestructuras mínimas para reciclar los residuos en sus propios ámbitos insulares a través de la puesta en marcha de los necesarios puntos limpios de recogida de residuos y de la construcción de las plantas de reciclaje, compostaje y almacenamiento que fueran necesarias para intentar reducir al mínimo posible el número de vertederos incontrolados que actualmente existen en Canarias. A nadie se le esconde que el PIRCAN servirá de poco si la ciudadanía del Archipiélago no se conciencia de la necesidad de cambiar de mentalidad para, en sus propios domicilios, contar con los recipientes oportunos para clasificar y recoger los residuos que posteriormente deberán depositar en los correspondientes puntos limpios. Todos somos conscientes, ya que Canarias genera cada año 3 millones de toneladas de residuos y de lo que se trata es de que los ciudadanos nos ayuden con su granito de arena a mejorar y preservar nuestro medio ambiente, objetivo para el cual es imprescindible también contar con el apoyo de sectores empresariales, como el agrícola y el industrial, para que sus residuos sean debidamente clasificados y enviados a las futuras plantas de reciclaje y compostaje.
¿Hasta qué punto se está actuando contra las construcciones ilegales en Canarias?
A ese respecto, debo comentar que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural está desarrollando una labor importantísima en el control y expedición de informes de demolición de numerosas viviendas ilegales, pero nos encontramos con un serio problema, y es que los ciudadanos o propietarios afectados, tal y como reconoce la ley, tienen derecho a recurrir a los tribunales contra cualquier expediente de demolición, y la judicialidad de este proceso supone meses, y hasta años, de demora en la ejecución definitiva de dichas demoliciones de viviendas ilegales. En cualquier caso, la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, seguirá incoando los expedientes de demolición que sean necesarios contra cualquier construcción que sea ilegal o que invada alguno de los 145 espacios naturales protegidos del Archipiélago. También hay que ser consciente del enorme trabajo de prevención para impedir que se edifiquen nuevas construcciones ilegales. Éste es un trabajo con resultados importantes, aunque no sé por qué motivo no es tan llamativo y visible. En cualquier caso, la colaboración de los ayuntamientos que se integren en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural potenciará la eficacia de los mismos.
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Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Tomás Van de Walle
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