Gobierno de Canarias

Las estrategias de educación ambiental constituyen procesos consultivos que intentan establecer directrices y líneas de actuación prioritarias en el ámbito de la educación ambiental. Buscan, además, promover el desarrollo de esta disciplina en todos los sectores de la sociedad, mediante el establecimiento de compromisos concretos, en materia de educación y medio ambiente.

Los instrumentos sociales para la gestión de los problemas ambientales se definen a continuación:

Información. Este instrumento es la vía para dar a conocer hechos, situaciones o procesos, haciéndolos llegar al público de forma comprensible. La información está en la base de cualquier programa o acción pro-ambiental y, además, el derecho a la información ambiental está reconocido por ley y debe garantizarse su acceso público. Entre los medios más utilizados destacan: los puntos o teléfonos de información, las publicaciones informativas, los centros de documentación, los documentos volcados en Internet, etc.

Comunicación. Con los procesos comunicativos se pretende no sólo hacer llegar información al receptor o colectivo diana sino, además, conseguir una determinada respuesta por su parte. Esta respuesta se puede manifestar de forma diferente según sea actitudinal o de comportamiento, pero en cualquier caso promueve un cambio en el receptor. Así, los sistemas informativos son unidireccionales, mientras que los comunicativos son bidireccionales. Los medios para la comunicación son muy variados y pueden ir desde las campañas de concienciación dirigidas al gran público, a través de los medios de comunicación, hasta acciones más personalizadas orientadas a colectivos concretos. Especialmente relevantes son las técnicas de Interpretación del Patrimonio, la publicidad y el marketing ambiental.

Formación y capacitación ambiental. Para lograr cambios significativos en el conjunto de la sociedad, la educación debe ser entendida como un proceso social que rebase el ámbito del sistema educativo formal. En este sentido, es necesario incidir en la formación de los profesionales, ya que cualquiera que sea su actividad siempre tendrá consecuencias ambientales directas o indirectas. En uno u otro caso, debe ser una formación que permita la construcción de un sentido de responsabilidad individual y colectiva hacia el entorno, la implicación y participación en la resolución de los problemas ambientales y un comportamiento social orientado hacia el uso sostenible de los recursos.

Participación social. La participación es el proceso de compartir decisiones sobre los asuntos que afectan a la vida personal y de la comunidad en la que se vive, posibilitando la implicación directa en el conocimiento, valoración, prevención y solución de los problemas ambientales. Sólo a través de la participación se puede conseguir la cohesión social necesaria para resolver los complejos problemas a los que se enfrentan las sociedades actuales, en los que hay que considerar factores tan diversos como los biológicos, sociales, económicos y políticos. Además, la coordinación entre personas y entidades permite aprovechar las oportunidades y sinergias, realizar trabajos en común, establecer colaboraciones entre sectores y crear redes para compartir los proyectos, la información, los problemas y las soluciones.

Investigación social y evaluación. Cualquier proyecto de protección y mejora del medio ambiente debe contemplar la investigación social, ya que las interconexiones entre los sistemas ecológicos y sociales son la clave para entender la naturaleza de los problemas ambientales, así como sus causas y consecuencias. No es posible abordar un programa de educación ambiental sin conocer las características del destinatario: sus conocimientos, actitudes y comportamientos hacia el medio ambiente. Asimismo, es imprescindible la evaluación de los proyectos y planes, para poder redefinirlos sobre la marcha y valorar sus resultados.

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